Permisos de Trabajo para Personas Extranjeras en Guatemala: Análisis del Nuevo Reglamento
El 29 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República emitió el Reglamento de Autorización de Permiso de Trabajo para personas extranjeras en relación de dependencia, normativa que regula el procedimiento, requisitos y vigencia de las autorizaciones otorgadas a personas extranjeras que deseen laborar en el sector privado guatemalteco.
Este reglamento sustituye al Acuerdo Gubernativo No. 528-2003 y responde a la necesidad de armonizar la legislación laboral con el marco migratorio vigente, garantizando la adecuada inserción de trabajadores extranjeros en el mercado laboral nacional, en estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y al Código de Trabajo.
Autoridad competente
La aplicación corresponde al Departamento de Permisos a Extranjeros de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entidad encargada de recibir, evaluar y resolver las solicitudes.
Tipos de solicitudes reconocidas
El reglamento establece siete supuestos principales para solicitar permisos de trabajo:
Empleadores que contratan a personas extranjeras.
Personas extranjeras casadas o en unión legal con guatemaltecos.
Familiares de guatemaltecos dentro de los grados permitidos por la ley.
Personas extranjeras casadas o unidas con migrantes residentes en Guatemala.
Solicitantes y reconocidos bajo el Estatuto de Refugiado.
Familiares de funcionarios diplomáticos o consulares.
Otros casos previstos en normativa específica.
Vigencia y prórroga
La autorización se concede por un año, prorrogable en períodos iguales.
En el caso de refugiados, la vigencia es de seis meses prorrogables.
La solicitud de prórroga debe presentarse con al menos 15 días hábiles de anticipación.
Tarifario
Emisión inicial: Q3,000.00.
Prórroga: Q2,000.00.
Los supuestos especiales (familiares, refugiados, diplomáticos) están exentos de pago.
La nueva normativa constituye un avance en la modernización de los procesos administrativos vinculados a la contratación de personas extranjeras, procurando un balance entre la protección del empleo nacional y la integración de trabajadores migrantes bajo un marco jurídico transparente y eficiente.
